El reciente fallo judicial que vinculó la muerte de Melín Agustina Sartori con la aplicación de la vacuna Sputnik V generó una fuerte repercusión pública y mediática. Como ocurre ante toda tragedia humana, lo primero que corresponde es acompañar el dolor de la familia y reconocer el derecho de toda persona afectada a obtener respuestas, investigación y justicia. La pérdida de una hija de 24 años es un dolor inconmensurable, y el sistema de salud tiene la obligación ética y legal de investigar exhaustivamente cada evento adverso grave y reparar a quienes hayan sufrido daños.
Las vacunas, como cualquier intervención médica, no son absolutamente inocuas. Ningún medicamento lo es. La farmacovigilancia existe precisamente porque incluso tratamientos ampliamente seguros y eficaces pueden producir, en casos extremadamente infrecuentes, eventos adversos graves. Reconocer esto no debilita a la ciencia: por el contrario, forma parte de su honestidad y de sus mecanismos de control. Los sistemas de vigilancia activa y pasiva han permitido identificar señales de seguridad importantes durante la pandemia, y demostraron que la medicina es capaz de detectar, caracterizar y responder a riesgos raros
Sin embargo, también es importante evitar que casos individuales sean utilizados para construir una narrativa general antivacunas o para instalar sesgos políticos contra determinadas plataformas vacunales. La evaluación sanitaria debe realizarse basándose en una evidencia poblacional amplia y no solo en casos aislados. Un caso judicial, por más fundamentado que esté en términos legales, no reemplaza la evaluación epidemiológica sistemática, que requiere comparar incidencias en poblaciones vacunadas versus no vacunadas, ajustando por múltiples factores de confusión.